Luego de dos años del inicio de la pandemia, tiempo en el cual se ha extendido el tiempo de respuesta a los Derechos de Petición, el Gobierno Nacional objetó el proyecto legislativo que buscaba restablecer los tiempos a lo establecido en la ley. Esta decisión limita el derecho fundamental al acceso a la información pública, y pone en entredicho la voluntad política del Gobierno Nacional hacia la consolidación de un modelo de Estado Abierto.
La objeción del proyecto se dio por razones de inconveniencia ante la continuidad de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Sin embargo, como indicó la Cámara de Representantes en su informe de rechazo a dichas objeciones presidenciales, «la emergencia sanitaria que dio origen a la ampliación de los términos y a la habilitación de suspender actuaciones no se ha agravado, y si bien es cierto que aún persiste la presencia del coronavirus COVID-19 en las dinámicas sociales del país, dicha continuación no puede representar la perpetuidad de medidas que tenían sentido al inicio de un aislamiento preventivo obligatorio, pero no así en un escenario de retorno a las labores presenciales de todos los colaboradores del Estado».
Por esta razón, Organizaciones de la Sociedad Civil, incluidas todas aquellas que integran el Comité de Estado Abierto tal como el Instituto Anticorrupción, han solicitado al Senado de la República rechazar las objeciones del Presidente Iván Duque al proyecto de ley que pretende restablecer los plazos para dar respuesta a los derechos de petición, respetando el mandato de las leyes 1437 de 2011 y 1577 de 2015 que reglamentan el derecho de petición en Colombia.
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